De esta forma se derogan, a falta de la publicación de la norma en el BOE, los artículos del Código Penal 506 bis y 521 bis, introducidos por el Gobierno del PP en diciembre de 2003, que establecen penas de entre tres y cinco años de cárcel para aquellos funcionarios que, sin estar habilitados al efecto, convoquen o promuevan un referéndum.

Asimismo, con esta propuesta se deroga el artículo 576 bis, que castiga con pena de cárcel a aquellos funcionarios que financien con bienes, subvenciones o fondos públicos a partidos o asociaciones que hubieran sido disueltos.

La reforma del Código Penal implantada por el PP en 2003 fue denunciada por los nacionalistas como un cambio hecho "ad hoc" para perseguir a Juan José Ibarretxe por su intención de convocar una consulta popular sobre el plan que lleva su nombre. Hoy, por 123 votos a favor y 104 en contra, todos del PP, se aprobó definitivamente la despenalización de la convocatoria de referendos ilegales.

Previamente el Pleno del Senado había rechazado, por 126 votos en contra, el veto a la iniciativa presentado por el Partido Popular. Desde el PP incidieron en la necesidad de proteger al Estado de los "visionarios" y de "aquéllos que quieren" subvencionar a los terroristas.

El senador del PP José Ferrández afirmó que el Ejecutivo, promoviendo la derogación de estas penas, sólo responde a unos "fines partidistas" que pasan por mantener satisfechos a sus "socios" nacionalistas, socios que saben que modificando el Código Penal, "el desafío a la Constitución y al Estado de Derecho les saldrá gratis".

En este sentido, defendió la necesidad de tipificar "estas conductas peligrosas para la convivencia" como delitos para evitar que se reproduzcan situaciones como la salida de la cárcel del líder batasuno Arnaldo Otegi, cuya fianza, afirmó, salió de fondos públicos, ya que "es ahí donde va el dinero".

En cuanto a la despenalización de la convocatoria de referendos ilegales, el senador del PP señaló que, pese a que los artículos en cuestión fueron aprobados en plena ebullición del "plan Ibarretxe", "aquí únicamente se sanciona a la autoridad que sea manifiestamente incompetente" para convocar una consulta popular y que si el resto de grupos parlamentarios considera que es una medida dirigida contra el "lehendakari" será "porque saben positivamente" que él "es manifiestamente incompetente".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Joan Lerma, afirmó que los populares pecan de "inocentes" si creen que "bajo amenaza de tres años de cárcel" va a dejarse de proponer, llegado el caso, un referéndum, y señaló que lo correcto es "utilizar un sistema jurídico adecuado" que establezca las penas de forma progresiva.

Añadió, además, que el problema del PP es que "no entiende el Estado de Derecho, ignora que hay división de poderes" y "no sabe a quién corresponde cada cual". Por eso, "se excluye de este proyecto común" que es la democracia.

El portavoz de CiU, Luis Badía, apuntó que el ordenamiento jurídico "ya prevé la reacción jurídica ante tales conductas" y el Estado cuenta "con los instrumentos para asegurar la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas" sin necesidad de una tipificación como la implantada por el PP, al que animó a "no temer a la democracia".