El texto regula las condiciones de accesibilidad que deben esablecer las normativas urbanísticas, laborales y administrativas, entre otras.

La futura ley incluirá la carga de la prueba para reforzar el derecho de las personas con discapacidad a no sufrir ningún tipo de discriminación.

En la tramitación de la norma en el Senado también se acordó la constitución, dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, de una oficina permanente especializada, con la que colaborarán las asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapaciad y sus familias, que velará por la igualdad de oportunidades.

Asimismo, la Cámara incluyó una enmienda para que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, el Gobierno regule la lengua de signos, para garantizar los derechos de sus usuarios.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por La Rioja, Isabel San Baldomero, y ponente de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, afirmó que "este proyecto beneficia a tres milones y medio de españoles discapacitados y les garantiza vivir con plenitud de derechos para participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país".

Baldomero dijo que el nuevo proyecto es "fruto del compromiso adquirido dentro del programa electoral del PP" y destacó que permite actualizar Ley Social de Integración Social del Minusválido (LISMI).

La nueva Ley reforma el Estatuto de los Trabajos, la Ley de Función Pública, la Ley de ropiedad Horizontal y persigue que los discapacitados puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.

Por el contrario, el Grupo Socialista fue crítico con el texto, al considerar que la norma presenta importantes carencias, ya que no contiene un régimen sancionador ni un sistema de financiación específico. Para el senador socialista Angel Díaz, el Gobierno ha desperdiciado una oportunidad de avanzar en la defensa de los derechos de las personascon discapacidad. El senador lamentó que la norma no cuente con el respaldo que obtuvo la Ley de Integración Social de los Minusválidos hace veinte años.