La renovación de los cuatro magistrados del Constitucional que corresponde proponer al Senado está paralizada desde que las comunidades autónomas elevaron los nombres de 23 aspirantes, entre ellos el ex presidente del CGPJ Francisco José Hernando y el ex portavoz de ese mismo órgano Enrique López, ambos a iniciativa del PP.

La Mesa del Senado expresó sus dudas sobre el cumplimiento de los requisitos por la Constitución por parte de algunos aspirantes, entre ellos López, por lo que solicitó un informe jurídico.

Tras analizar ese informe, la Mesa decidió hoy pedir a las asambleas autonómicas que amplíen la información sobre cuatro candidatos y la envíe al Senado en un plazo de diez días desde que reciban formalmente la petición.

En concreto, se pide a las asambleas de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, que concreten la información sobre la actividad laboral de López; a la de Andalucía sobre Juan Carlos Campos; y al Parlamento vasco sobre José Luis Aurtenetxe.

El artículo 159 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional "deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional".

En el caso de esos cuatro aspirantes, la superposición de funciones suscita dudas sobre la contabilización de esos años, y la Mesa del Senado quiere concretar las fechas en las que cada uno de ellos ejerció las diferentes actividades que constan en el currículum enviado.

Una vez que se reciba esa información complementaria, los miembros de la Mesa esperan tener los datos necesarios para poder fijar un criterio con el que determinar si esos aspirantes cuplen o no los requisitos.

A partir de ahí, se podría reanudar la negociación entre los partidos políticos para proceder a esa renovación, que requiere el respaldo de tres quintos de los miembros del Senado.