Según informó a Servimedia el ponente socialista de este proyecto, Carlos Guía, la nueva ley establece que las empresas que produzcan o suministren artículos de consumo masivo que causen daños a los consumidores, por encontrarse en mal estado o por una fabricación defetuosa, serán obligadas a indemnizar a los perjudicados con cantidades que oscilarán entre las 65.000 pesetas y los 10.500 millones.

Guía explicó además que durante el debate de hoy de esta ley se introdujo una enmienda transaccional de CiU que propone la inclusión de los daños morales, entre los daños que puedan derivarse de un producto defectuosos, a efectos de plazos para presentar un denuncia, que es de tres años.

El senador socialista puso como ejemplo de daño moral el mal funcionamiento de u DIU que provoca un embarazo no deseado en una mujer, que podría ser denunciado por ésta.

La cuantía de las indemnizaciones será fijada por los jueces dentro del baremo de las 65.000 pesetas y los 10.500 millones. La ley será de aplicación a empresas suministradoras de gas y electricidad, electrodomésticos, medicinas y calzado, entre otras, así como a las compañías que comercialicen alimentos en mal estado, como ocurrió en el 'caso de la colza'.

La responsabilidad del fabricante no prescribirá hata transcurridos diez años de ocurridos los daños. El Estado no podrá se obligado a hacerse cargo de las indemnizaciones como responsable civil subsidiario.

Para completar el esquema de protección al consumidor e impedir posibles impagos de las indemnizaciones a que tengan derecho, la nueva ley faculta al Gobierno para obligar a las empresas que suministren artículos de consumo masivo a suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad civil y a crear un fondo de garantía "que cubra, total o parcialmnte, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales".

El Gobierno decidirá finalmente si establece dicho seguro y el correspondiente fondo de garantía en función del resultado de la aplicación de la ley y de que los consumidores tengan o no problemas para percibir las indemnizaciones.

Según señaló Carlos Guía, el pago de las indemnizaciones recaerá normalmente en "empresas, suministradores e importadores que faciliten un producto defectuoso" y sólo raramente, cuando haya comlicidad, en los minoristas.

La ley será aprobada en el próximo pleno del Congreso de los Diputados y entrará en vigor aproximadamente dentro de dos meses, según Guía.