De estas 16 nuevas enmiendas aprobadas, 12 fueron presentadas por el PP (que había presentado 18 y ha contado con el apoyo de CiU), dos las planteó Eusko Alkartasuna (EA) y otros dos el Grupo Socialista.

De esta forma, los empleadores que contraten a personas discapacitades (tratándose siempre de contratación indefinida) tendrán derecho a una bonificación mensual de 375 euros al mes (4.500 euros año) durante la vigencia del contrato.

La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de contratos formativos suscritos con trabajadores.

En el supuesto de que la discapacidad sea severa, las ayudas ascenderán 5.650 y 6.000 euros, en cada caso. La reforma laboral prevé que en 2007, Año Internacional de la Discapacidad, se desarrolle un reglamento más extenso para fomentar la integración laboral de los discapacitados.

El senador del PP José Blas Fernández criticó la reforma al considerarla "muy light" y "poco ambiciosa" y señaló que "el Gobierno ha tenido que poner dinero encima de la mesa para conseguir el consenso con los interlocutores sociales".

Asimismo, denunció la ausencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el pleno de la Cámara Alta, algo que, a su juicio, ha sido motivado por la falta de argumentos para defender la reforma.

El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, reivindicó el consenso alcanzado y exigió al PP una "crítica más rigurosa y responsable". En este sentido, pidió al PP que lleve esta crítica a los directivos de la CEOE, con lo que, según dijo, "suele coincidir bastante".