El Pleno de la Cámara Alta aprobó por 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención el “conflicto de atribuciones” presentado por el PP contra la iniciativa para eliminar los delitos de los implicados en el ‘procés’ catalán.

Ahora se trasladará una petición al Congreso para retirar la ley de amnistía, a lo que esta institución puede no responder si el PSOE y sus socios no quieren. De no hacerlo, el Senado tiene la posibilidad de llevar esta cuestión al Tribunal Constitucional, algo que los populares no han confirmado si harán.

El conflicto de atribuciones contó con los votos favorables del PP y Vox y la abstención de UPN. Se posicionaron en contra el PSOE, Más Madrid y los partidos nacionalistas (PNV, ERC, Junts, Bildu y Compromís).

“QUIETO TODO EL MUNDO”

En su defensa de la iniciativa, el parlamentario popular Antonio Silván argumentó que la amnistía es una reforma constitucional encubierta, de manera que el modo de tramitación presentado es un “trágala” para la Cámara Alta y para la soberanía nacional.

Sostuvo que, al no cambiar la Carta Magna para borrar los delitos de los independentistas catalanes, se hurta al Senado su derecho a pronunciarse al respecto. Sostuvo que se pretende llevar a la práctica la amnistía “a la fuerza y por imposición”.

También afirmó que en el PSOE “desprecian las instituciones que no controlan”, como dijo que sucede ahora con la Cámara Alta, y que por ello los integrantes de este partido empiezan a “dar miedo”.

Precisamente, en nombre de los socialistas, Francisco Fajardo tildó de “auténtico disparate” el conflicto de competencias y afirmó que es “casi un ‘quieto todo el mundo’”, en referencia a la frase que pronunció el guardia civil Antonio Tejero en la tribuna del Congreso durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Fajardo atribuyó esta iniciativa de los populares a la “empanada mental” de sus dirigentes políticos, que sostuvo que, respecto a Cataluña y el ‘procés’, están actuando “con las vísceras y no con la razón”.

“EMBARRAR” LAS INSTITUCIONES

El conflicto de competencias planteado contó con el apoyo de Vox, cuyo senador Ángel Gordillo justificó la iniciativa porque el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, puso de manifiesto este lunes en la Cámara Alta que mantiene el “propósito indudable” de conseguir la independencia de Cataluña tras la amnistía.

En cuanto a los nacionalistas, en nombre de ERC, Sara Bailac emplazó a los populares asumir que la amnistía estará aprobada en dos meses y que no les servirá de nada "embarrar" las instituciones para tratar de evitarlo.

Asimismo, por parte de Junts, María Teresa Pallarés indicó que los populares están haciendo que el Senado caiga en el “espectáculo” y haga el “ridículo” con la tramitación de la amnistía, ya que lo que deberían hacer es recurrirla al Constitucional una vez que esté aprobada.

Al mismo tiempo, Estefanía Beltrán, del PNV, reprochó a los populares que estén en el “cuanto peor, mejor” y que no estén teniendo en cuenta que “quien sale dañada es la democracia” con el tipo de oposición que están haciendo.