El proyecto recibió 152 votos a favor, 108 en contra y cuatro abstenciones. PP, Vox y Ciudadanos mostraron abiertamente su oposición a la norma, que recibió decenas de enmiendas y tres vetos a la totalidad, ninguno aceptado.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, tomó la palabra ante la Cámara Alta para alabar la nueva legislación por motivos personales. Recordó que por el decreto que hoy se ha dado por "finiquitado" también fue penado en 1973 al participar en una reunión clandestina en una iglesia Barcelona. Al margen de ello, en su opinión, la nueva norma encuentra el "equilibrio" entre quienes dirigen los equipos y los más "débiles".

La nueva ley, según sus impulsores, "se adapta al ordenamiento constitucional vigente y sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y las propias universidades".

Con esta nueva ley, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.

Además, las universidades deberán crear una comisión de convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios.

Asimismo, se define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado que se podrán sustituir en ocasiones por otras de carácter educativo o recuperador. Según sus promotores, el nuevo marco legislativo persigue la discriminación y el acoso sexual, las novatadas y los plagios.

VETOS

A su paso por el Senado, el texto recibió tres propuestas de veto. Por Ciudadanos, María Ponce Gallardo justificó su oposición a la ley porque "fomenta la desigualdad y no resuelve los problemas de convivencia". Denunció "caciquismo y falta de diálogo" en el trámite del proyecto que, en su opinión, se ha pactado por "nacionalistas y radicales para que el acoso se realice con todas las garantías" en los campus y puedan hacer "lo que les venga en gana en las universidades". En resumen, la Ley de Convivencia servirá para "politizar instituciones e instigar a los que no piensan como ellos" y para que los socialistas mantengan "el sillón" y el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El senador de Geroa Bai (Grupo de Izquierda Confederal) Koldo Martínez dijo que la norma supone "matar moscas a cañonazos" para derogar un decreto "anacrónico". "Dejemos a las universidades que se muevan al son de su música, no al son de ustedes o al ruido que ustedes hacen cuando no les interesa nada lo que un senador está diciendo desde la tribuna", reclamó.

Por el Grupo Popular, Esther Brío justificó oro veto al texto e que que la norma vigente "sea predemocrática no significa que la vida de nuestras universidades lo haya sido, ni que se hayan aplicado regímenes duros a nuestros estudiantes". "Está muy bien actualizarla, pero va a ser muy poco útil para mejorar la convivencia universitaria", cuando además "no ha habido una gran demanda" y sus promotores no aceptan cambios. También afeó que el Gobierno no ponga "los pies en el suelo" y no dote de presupuesto a la norma.

Asimismo, aseguró que la norma no resuelve conflictos sobre plagio, falsificaciones informáticas o compra-venta de trabajos académicos, fraude electoral dentro de las universidades, entre otras cuestiones.

Vox lamentó que no se acepten enmiendas en el procedimiento en el Senado para mejorar su redacción y conceptos y afeó el uso del lenguaje inclusivo y desdoblado por el género.

SOLUCIONES NO PUNITIVAS

Desde las bancadas socialistas se defendió que la norma responde a principios constitucionales y busca soluciones "no punitivas", como defendió Javier de Lucas y su compañera María Fernández Álvarez, quien ahondó en la figura de la mediación en la nueva legislación para resolver conflictos y defendió que es una norma "consensuada" y respeta la autonomía universitaria, pues tendrán que ser las universidades quienes la desarrollen.

Los socialistas negaron que cuestiones como el plagio o los escraches no estén perseguidos, pero apuntaron a que las sanciones se pueden compensar con trabajos educativos o a favor de la comunidad. La norma que se deroga, según se apuntó durante el debate, persigue la insubordinación y las expresiones sobre cuestiones religiosas.

La parlamentaria de Junts Assumpció Castellví y la de Esquerra Adelina Escandell invitaron a los senadores a visitar Cataluña para comprobar que no hay conflicto en los centros educativos y universitarios catalanes. De hecho, la primera acusó a PP y Cs de mentir cuando denuncian casos de acoso y Escandell recriminó a las citadas formaciones que son ellas quien practican el "acoso y el derribo". "Vengan a Cataluña, no están los tanques en la calle. Ya les gustaría a algunos de ustedes que estuviéramos en una guerra civil", zanjó.