De esta manera, las personas que tengan un grado de discapacidad mayor a un 65 por ciento que, cobrando la citada prestación, encuentren un empleo, podrán mantener la pensión durante cuatro años, siempre que la suma de los dos ingresos no supere 1,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), unos 600 euros mensuales.

En caso de exceder de esa cuantía, la nueva normativa fija que se rebajará el importe de la pensión en el 50% del exceso, siempre con el límite de 1,5 veces el IPREM.

En el trámite en el Senado, el PP, con el apoyo del PNV y CiU, ha logrado introducir una enmienda, a la que se oponían los socialistas, para regular de idéntico modo que lo anterior la compatibilidad de las asignaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social con la actividad remunerada.

Este ha sido el único punto de fricción entre socialistas y populares en esta proposición de ley, ya que el PSOE ha intentando, sin éxito, tanto en comisión como en el pleno, rechazar esta modificación que, a juicio del senador socialista José Luis Alonso, "entra en contradicción" con la materia que se estaba tratando y "supone un coste adicional.

No obstante, el PSOE, con el apoyo de sus socios, podrá rechazar ahora en el Congreso la modificación del PP introducida en el Senado.

RANGO DE LEY

Las que sí encontraron el apoyo unánime del pleno fueron otras cinco enmiendas del PSOE que, aprovechando, la tramitación de la proposición de ley, tratan de dotar de "mayor seguridad jurídica" a una norma que garantiza la compatibilidad entre las asignaciones familiares por hijo a cargo minusválido en grado igual o superior al 65% y la pensión de orfandad que dicho hijo viniera percibiendo.

En los últimos meses del Gobierno del PP una ley declaró incompatibles estas dos ayudas y, posteriormente, un real decreto, también del Ejecutivo de José María Aznar, subsanó esa situación y repuso la citada compatibilidad, algo que reclamaban las asociaciones de discapacitados, encabezadas por el CERMI. Con las enmiendas ahora aprobadas ese decreto obtendrá rango de ley.

El texto de la proposición de ley volverá ahora al Congreso, donde deberán refrendarse o rechazarse las enmiendas aprobadas en el Senado.