La iniciativa partió los socialistas, pero una enmienda transaccional del PP permitió el posterior respaldo de todos los grupos parlamentarios de la cámara a la moción originaria.

En sus intervenciones, los portavoces de los grupos coincidieron en que la proliferación de antenas de telefonía móvil que en los últimos tiempos se está produciendo por todo el territorio español ha provocado una gran sensibilidad social en relación a su instalación en núcleos de población, originando multitud de potestas entre las ciudadanía y los propios colectivos vecinales, ecologistas, culturales, etcétera.

Según los socialistas, el propio Gobierno reconoce que "son numerosas y continuas" las peticiones de información que se están realizando sobre el tema al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre todo acerca de los campos electromagnéticos y sus efectos en la salud humana. Incluso, agrega, son ya "abundantes" las denuncias ciudadanas ante las diferentes administraciones

Actualmente, la ausencia de una normativa legal clara al respecto deja sin protección al ciudadano en aspectos como la posible repercusión de estas instalaciones sobre la salud, una cierta indefensión administrativa e incluso por el deterioro medioambiental que producen las propias instalaciones.

El PP enmendó la moción original socialista en el sentido de que la regulación pedida sea estudiada y debatida en el seno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones. De igual modo, los populares incidiero en la necesidad de que el Gobierno realice un seguimiento permanente de los desarrollos científicos relativos a la posible incidencia de los campos electromagnéticos sobre la salud pública", petición a la que se sumó el pleno por unanimidad.