La ponencia alcanzó un alto grado de consenso en la anterior legislatura, en la que la mayoría de los grupos político expresaron la convenciecia de limitar las modificaciones al título III de la Carta Magna, relativo a las relaciones entre el Congreso y el Senado, sin tocar el título VIII, que regula el Estado de las autonomías.

Durante el debate de hoy, el portavoz del PP, Pío García Escudero, subrayó que su grupo está dispuesto a reformar el título II de la Constitución, pero también está decidido a ignorar este propósito, si no es posible realizarlo desde la coincidencia unánime de la Cámara.

"Quisiéramos que esta afirmación se evauase como una auténtica declaración de principios", apostilló García Escudero, quien recordó que la situación que ahora debe corregir la Cámara fue provocada por "determinados usos políticos que han tenido al Senado por una Cámara menor".

García Escudero expresó su deseo de que la ponencia que hoy volvió a constituirse retome el "espíritu constructivo y el consenso de que ahora se disfruta", y permita adecuar la composición y funciones del Senado a la fluidez del resultado autonómico.

"Pretendemo", proclamó el portavoz popular, "que nuestra mayoría absoluta sólo tenga de absoluto su vocación por el diálogo y el intercambio de criterios, y en lo que respecta a la posible reforma de la Constitución, quede claro que renunciamos a todos nuestros votos mientras no se movilice toda la Cámara".

En nombre del Grupo Socialista, Lluis Armet advirtió que los trabajos de reforma no deben ir en detrimento de las mejoras conseguidas por la Cámara, citando en concreto la potencialidad de la Comisión Generalde las Automías.

DUREZA POLITICA

Armet dijo que un segundo riesgo que debe ser superado es el clima de dureza política e institucional de la anterior etapa política, que, a su juicio, debe dar paso a que la ponencia de reforma constitucional se convierta en una de las prioridades de los grupos políticos.

Joaquim Ferrer, de CiU, explicó que el Estado de las Autonomías ha cubierto ya una primera etapa y que en el futuro hay que poner el acento en la reestructuración de los órganos generales del Etado.

En su opinión, el Senado debe reflejar la realidad territorial y el carácter plurilingüe del Estado, y debe adquirir una especialización legislativa en las leyes de marcado carácter autonómico.

Por su parte, Joseba Zubía, del PNV, comprometió su empeño en trabajar activamente por la reforma, pero advirtió que su grupo ve este reto "sin euforias ni entusiasmos desmedidos" por las dificultades que entraña una reforma real.

Vicente Ferrer, de Unión Valenciana (UV), indicó que la dificulta de la reforma de la Carta Magna reside en que el modelo de Estado fijado en 1978 está agotado y en que el marco autonómico se ha demostrado insuficiente para resolver los conflictos interterritoriales.