Esa norma es imprescindible para actualizar la gestión espera de España a la legislación europea (Política Pesquera Común), que entró en vigor en 2014.

Las entidades ecologistas solicitaron a los grupos del Senado que “enmienden” el proyecto normativo, pese a que presenta avances con respecto a la aún vigente Ley de Pesca Marítima, de 2001.

No obstante, reivindicaron que el texto sea “más ambicioso en términos de conservación”, tal y como se recoge en la Política Pesquera Común y reglamentos asociados, de obligado cumplimiento.

De hecho, consideraron “muy preocupante” que la nueva ley sea “menos ambiciosa que la Política Pesquera Común europea y su normativa asociada”, por lo que la norma “podría ser cuestionada con razones más que suficientes por la propia Comisión Europea por vulnerar la normativa europea”.

‘QUIÉN PESCA QUÉ’

Uno de los aspectos prioritarios para garantizar una pesca justa y sostenible en las próximas décadas es el reparto de posibilidades de pesca o ‘quién pesca qué’. “El actual texto no garantiza que se tengan en cuenta criterios ambientales y, por lo tanto, existe un alto riesgo de depender exclusivamente de criterios económicos, como son los derechos históricos, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora. Dichos derechos históricos han promovido prácticas insostenibles en algunas flotas, así como la marginación de otras”, apuntaron.

“Desde las organizaciones ecologistas no queremos dejar de insistir en que el reparto de derechos de pesca bajo criterios ambientales y sociales es una obligación legal de la política pesquera común, en vigor desde 2014”, indicó Àlex Bartolí, portavoz de OurFish.

Las entidades ambientales pidieron al Senado que se modifique el artículo 32 para establecer que, para cada pesquería, se tenga en cuenta -como mínimo y de forma simultánea- criterios sociales, ambientales y económicos con el fin de asegurar que la pesca del futuro sea justa y sostenible.

Asimismo, subrayaron que el texto actual blinda los cambios de reparto de posibilidades de pesca a los realizados antes de la aprobación de la ley, lo que también vulneraría la normativa europea, ya que estos repartos se hicieron sin tener en cuenta criterios ambientales.

“El reparto de acuerdo a criterios ambientales, sociales y económicos es una obligación desde 2014 y, por tanto, todos los repartos realizados desde esa fecha tendrían que ser revisados y actualizados para ajustarse a la normativa europea”, aseguró Raúl García, portavoz de WWF.

Otro aspecto negativo es que el proyecto de ley no incluye la obligación de no pescar por encima del “rendimiento máximo sostenible” o, en el caso de no disponer de datos suficientes, asegurar que se aplica el principio de precaución para garantizar la salud de las poblaciones de interés pesquero a largo plazo.

CAPTURAS ACCIDENTALES

De la misma manera, el proyecto legislativo vulnera el Reglamento de Medidas Técnicas de la UE al considerar que pueda no ser posible reducir o eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos.

“Confiamos en que el Senado tratará de enmendar estos aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura de nuestro tiempo. Esta ley solo será eficaz si se aplica con decisión y usando todas las herramientas disponibles, como los planes de gestión para acercar la gestión al territorio, el reparto justo que incentive las mejores prácticas pesqueras y una gobernanza participativa en una apuesta decidida por la sostenibilidad como base fundamental para asegurar la pesca del futuro”, indicó Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife.

No obstante, las organizaciones ambientales recalcaron que la nueva ley da “pasos positivos” hacia la sostenibilidad de la pesca y celebran el reconocimiento de los comités de gestión participativos en el ámbito local como mecanismos de participación en la gestión para la creación y el seguimiento de los planes de gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de Interés Pesquero.

“Durante los últimos dos años, las organizaciones ambientales hemos trabajado en coalición para informar el proceso de la ley y agradecemos que el Congreso haya aceptado varias de nuestras propuestas para mejorar el proyecto de Ley en términos de conservación, recogida de datos, la inclusión del enfoque ecosistémico y la participación”, concluyó Cecilia del Castillo, portavoz de Ecologistas en Acción.