Así se desprende del informe 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo', presentado por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la fundación.

Esto significa que esas familias viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia. Para llegar a esta conclusión, el estudio propone construir el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas, sistema de medición que permite abordar la pobreza no sólo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares.

La organización católica también denunció que seis de cada diez hogares vulnerables han reducido el consumo de electricidad, gas o agua y que cerca de medio millón de familias con niños han dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo.

El citado indicador, en el que la Unión Europea está trabajando, contempla no sólo el acceso a los alimentos, sino también a otros bienes necesarios como la vivienda, su equipamiento o suministros. También toma en cuenta el acceso a la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención en situaciones de dependencia.

MENORES

La presencia de menores agrava la situación de las familias y la situación también depende según el lugar de residencia. Por ejemplo, en un hogar unipersonal en Barcelona supone vivir con menos de 1.400 euros al mes frente a los casi 1.000 en la ciudad de Cáceres; y para una pareja con dos jóvenes mayores de 13 años en Madrid, el 85% del presupuesto de referencia implica no alcanzar los 2.900 euros mensuales, cuando en Orense ese presupuesto es de 2.400 euros. En cuanto a los hogares monoparentales con dos niños menores de 12 años, en San Sebastián supone vivir con menos de 2.200 euros al mes y en Ciudad Real con casi 1.300.

Cáritas recordó que antes de la crisis de la inflación, los hogares que ingresaban menos de 1.500 euros mensuales destinaban a vivienda, alimentación y transporte 61 de cada cien que ingresaban y que al terminar el año supondrá 80 de cada cien.

Tras el "shock" provocado por la covid, "la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación observadas en los últimos meses han incrementado aún más el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social", advirtió Peiro, que recordó que en julio la inflación era del 10,8%.

La secretaria general de Cáritas alertó también de que "el encarecimiento de la vida afecta a toda la sociedad pero afecta a las familias más frágiles", por lo que exigió que "la acción pública se enfoque hacia los últimos". "Con esta situación tenemos una oportunidad de actuar con medidas urgentes sobre las consecuencias, pero también sobre las causas estructurales de una realidad que siempre golpea a los mismos", indicó, apelando a la justicia social y el bien común y a comenzar a trabajar "por los más débiles".

Ubrich remarcó que una de las constataciones del informe es que "por su persistencia las heridas son más difíciles de sanar" y que la pobreza no deja sitio a la libertad "para poder vivir y decidir". El experto detalló que ese presupuesto de referencia o "canasta básica", que se elabora según una serie de gastos necesarios para tener una vida digna, además del tamaño del hogar, el sexo de las personas que viven en ese hogar, tener hijos o no o estar al cargo de personas en situación de dependencia, así como el lugar donde se encuentran.

DOLOROSAS DECISIONES

"Muchas familias se han tenido que ver obligadas a tomar dolorosas decisiones para no ser arrastradas por la marea y continuar a flote", remarcó. Esta situación ha obligado a tres de cada diez familias a recortar gastos de alimentación, ropa y calzado y suministros, dijo.

"No son decisiones", son "estrategias" de las familias que se ven empujadas a actuar por sí solos ante una situación que vulnera sus derechos y los de sus hijos como la salud, la vivienda y la educación, lamentó Ubrich.

"Es una cuestión de derechos", indicó, tras apuntar que "las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares cuando no son suficientes", facilitar el acceso a puestos de trabajo "estables y de calidad", y promover el acceso a una vivienda "digna y adecuada", mediante una política pública de vivienda.

"También las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en situación de carencia no se vean en una trampa de pobreza en la que las estrategias que se ven obligados a implementar en el corto plazo limitan su capacidad de salir de la pobreza en el medio y largo plazo", apuntó.

Para Cáritas y Foessa, el escudo social desplegado por el Gobierno es insuficiente porque la tendencia "a largo plazo" no se corrige, añadió Peiro. "El Ingreso Mínimo Vital no alcanza a todas las personas que deberían estar incluidas", "el parque de vivienda social en alquiler en España es muy reducido" y también hay "dificultades de acceso" a una prestación para la crianza a las familias con hijos pequeños.