Lo hicieron en un comunicado en el que consideró que el antedicho reglamento es “un instrumento clave en la política migratoria” y una “herramienta fundamental para promover la inclusión de la población migrante en España”.

Las asociaciones firmantes del comunicado celebraron las mejoras planteadas por el Gobierno, aunque precisaron que “todavía existe un amplio margen de mejora” para darse por satisfecho con el contenido definitivo de la reforma.

Ante esta situación, plantearon una serie de medidas tendentes a “garantizar vías de entrada seguras y regulares que eviten la irregularidad administrativa”, como la concesión de visados, la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar para “procurar el derecho a la vida en familia” de las personas migrantes y la rebaja de los periodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo como única vía para evitar situaciones de exclusión y desprotección.

También propusieron medidas relacionadas con la tramitación de las autorizaciones, que actualmente supone “la primera barrera con la que se encuentran las personas migrantes para poder regularizar su situación”. Sobre este particular se aspira a reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes de extranjería, con medidas como la creación de puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas con el objetivo de reducir la brecha digital que se advierte en el acceso a la administración de extranjería, la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes.

Del mismo modo, observan la necesidad de proteger el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación irregular que son víctimas de delito para que “la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia y puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor”.

A juicio de estas entidades, la normativa de extranjería ha de “garantizar que no haya niños y niñas en situación irregular”, lo que “requiere seguir profundizando en los instrumentos de protección y reconocimiento de derechos de las niñas y niños migrantes, acompañados o no por sus familias”.

En ese sentido, consideraron que se han de incorporar “propuestas más amplias que las del texto presentado en cuanto a la autorización de residencia legal para menores que han nacido en España o la adaptación del sistema de determinación a la normativa internacional, entre otras”.

Por último, refrendaron que la reforma del Reglamento de Extranjería se ha de acometer “de forma dialogada y participada para desarrollar una política migratoria que no sólo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos”.

Las seis entidades sociales que suscriben el comunicado son las siguientes: Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.