Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero, ha sido presentada como enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el 2002.

En virtud del Acuerdo de Pensiones del 9 de abril, que establece la adopción de determinadas medidas para luchar "de forma decidida contra el fraude", el PP ha impuesto que "quienes no acudan a las convocatorias para exámenes y reconocimientos médicos ordenados por los servicios médicos de la Seguridad Social o mutuas" dejarán de peribir la pensión de incapacidad.