Aparicio compareció hoy en la Cámara Alta ante la comisión encargada de estudiar soluciones a la citada deuda, donde pidió al Poder Legislativo que aborde una posible reforma del Código Penal que facilite una persecución más intensa de los infractores.

Además, anunció que la Administración realizará un "especial seguimiento" de las empresas deudoras, para evitar que puedan accedera contratos públicos e incluso para limitarles las ayudas o bonificaciones que puedan recibir del Estado.

"No puede ser que, quien tenga una deuda en una Comunidad Autónoma, esté recibiendo ayudas en otras autonomías", dijo Aparicio, quien destacó la labor realizada en los últimos años por las Unidades de Recaudación Administrativa (URAs), que han permitido recuperar unos 150.000 millones de esta deuda por vía ejecutiva en 1998 y prevén hacer lo mismo en 1999.

No obstante, Aparicio reconoció que a Inspección debe ser flexible con las empresas que no pagan porque tienen "momentos malos", pero son viables, pero no con aquellas que "pretenden burlar al Estado", apelando a sus puestos de trabajo y otros fines sociales, sin que tengan ninguna viabilidad.

En este sentido, insistió en que la Seguridad Social debe garantizar la persecución de todas las deudas por igual "como factor elemental para garantizar la libre competencia de mercado".

Por parte del PSOE, el senador José Rodríguez de la Borolla, se mostró de acuerdo con la línea de mayor persecución de los infractores mostrada por Aparicio y pidió un plan para reducir la deuda. Mientras, desde el PP, el senador Antolín Sanz, insistió en la necesidad de coordinar las medidas españolas con las directrices marcadas por la Unión Europea.

286.000 MILLONES IRRECUPERABLES

Aparicio reconoció la importancia de la deuda de la Seguridad Social, que significa algo más del 10% de los ingresos de este organismo -más de 13 billones anuales-, si biendestacó que en 1998 se rompió la tendencia alcista de la deuda, lo mismo que se espera en este ejercicio.

También recordó que existe una elevada partida de deuda, considerada como histórica, que es de 286.000 millones de pesetas, que es muy difícil de recuperar, puesto que se deriva de procesos de desindustrialización de los años 80 y principios de los 90 y de empresas que, en muchos casos, han desaparecido.

Respecto a la deuda de las Comunidades Autónomas, Aparicio aseguró que en 1997, los gobienos autonómicos debían a la Seguridad Social unos 70.000 millones de pesetas, cantidad que se ha ido regularizando en los tres últimos años, por lo que ahora "están prácticamente al corriente de sus obligaciones".

Cuestión diferente es la deuda con los ayuntamientos, que el responsable de la Seguridad Social no se atrevió a cuantificar, si bien precisó que se está produciendo una "enérgica" rebaja de la misma, excepto en algunos ayuntamientos "como los gobernados por el GIL", precisó.