La agencia encargada de esta tarea es Iberinform, del grupo Crédito y Caución, que ha ganado durante los últimos años el concurso realizado por la Seguridad Social para realizar esta labor, según informaron a Servimedia fuentes de dicha empresa.

Su trabajo consiste en colaborar con las denominadas Unidades de Recaudación Ejecutiva (URES) de la Seguridad Social para localizar a los morosos y encontrar bienes que se les puedan embargar para resarcir sus deudas.

Iberinfrm, al igual que otras empresas del sector, trabaja sobre todo con bancos y empresas que recurren a los servicios estas agencias de investigación para conocer la solvencia de solicitantes de créditos o la capacidad de pago de eventuales compradores.

La Seguridad Social también recurre ahora a estos métodos, ante las serias dificultades que encuentra para cobrar las sanciones que impone la Inspección de Trabajo, que en 1991 ascendieron a 113.640 millones de pesetas, 20.591 millones más que en el ejerciio precedente, según datos del Ministerio de Trabajo.

De esa cantidad, 96.363 millones correspondieron a las 121.696 actas de liquidación por descubiertos e impagos de cuotas a la Seguridad Social, 16.352 millones a infracciones contra la legislación laboral y 925 millones a obstrucciones a la labor de los inspectores.

En otras ocasiones, la Seguridad Social concede aplazamiento en el pago de cuotas a empresas con graves dificultades de tesorería, a sociedades afectadas por reconversiones industrales o inmersas en zonas declaradas como catastróficas, entre otros motivos.

Por estos conceptos, la Seguridad Social tenía aplazado en los últimos meses de 1991 el cobro de un total de 208.529 millones de pesetas, una cantidad algo inferior a los 245.791 millones pendientes de abono a principios de año.

RECURRIENDO A ESPECIALISTAS

Para conseguir recaudar efectivamente una mayor cantidad de las cuotas impagadas y las multas impuestas sobre el papel, la Seguridad Social comenzó a convocar hace agunos años un concurso entre agencias especializadas en "investigación comercial".

El concurso, dotado este año con un presupuesto de cien millones de pesetas, al que debe ajustarse la empresa adjudicataria, ha sido ganado en los últimos años por Iberinform, entre las diversas empresas del sector que se presentaron al mismo.

El director técnico de esta empresa, José Antonio Menéndez, en declaraciones a Servimedia, explicó que su compañía recurre tanto a los registros públicos (Mercantil y de la Popiedad, principalmente), a Tráfico y a sus propios investigadores, para localizar a los morosos más recalcitrantes.

El objetivo de la investigación es, normalmemente, descubrir, a través de los vecinos, las empresas o los bancos con los que el moroso tenga relación, si posee ingresos o bienes por los que la Seguridad Social pueda ejecutar un embargo: pisos, fincas, coches, aparatos electrónicos.

Menéndez aseguró que la actuación de Iberinform es positiva para la Seguridad Social, ya que contribue a aligerar la carga de actas levantadas y no cobradas que se amontonan en las mesas de las unidades de recaudación ejecutiva. "Cuanto más fresca esté la deuda, más posibilidades hay de cobrarlas", señaló.

Según Menéndez, las comunidades en las que la morosidad es mayor, a juzgar por las solicitudes de investigación realizada a su empresa por los recaudadores de la Seguridad Social, son Madrid y el País Vasco.

El perfil más característico del moroso es el de un pequeño industrial, que actúa en l economía sumergida y no paga las cuotas de la Seguridad Social, y su número aumenta en tiempos de dificultades económicas como los actuales.

Menéndez señaló que el presupuesto con que cuentan por parte de la Seguridad Social es insuficiente para financiar sus servicios de información a las URES durante todo el año y que, en 1992, se acabará probablemente el próximo mes de octubre.

El directivo de Iberform aseguró que su empresa, que no revela la identidad de las empresas para las que actúa, respta la intimidad de los morosos, si bien admitió que, al ser localizados, "siempre se produce un pequeño pulso para llevártelo a tu terreno".

En todo caso, los deudores no dan ninguna facilitad y suelen tener preparada una estrategia que les libre de los embargos, ya que la Seguridad Social está facultada para realizarlos sin autorización judicial. "Siempre tienen alguna excusa: la casa está a nombre de un tercero, o afirman que trabajan con su padre, o alguna historia por el estilo", según Menéndez.RECIBIDOS A ESCOPETAZOS

Por su parte, un agente de una Unidad de Recaudación Ejecutiva consultado por Servimedia explicó que, en numerosas ocasiones, los funcionarios destinados en estas dependencias tienen que recurrir a "trucos" propios de detectives para recaudar deudas.

"Una vez, tuve que acudir a una discoteca como cliente, con un par de amigos, porque hacen falta testigos, y esperar a que la caja estuviese llena, bien entrada la noche, para embargar la caja", explicó.

"Otra vez fuimos ecibidos con tiros de escopeta por el dueño de una fábrica. Cuando volvimos, acompañados de la Guardia Civil, declaró que no disparaba sobre nosotros, que sólo estaba limpiando y probando su escopeta de caza".

A su juicio, en España "hay una falta de conciencia contributiva tremenda, además del desconocimiento de los empresarios sobre sus obligaciones laborales. La gente no cree en la obligación de pagar las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que trae como consecuencia unos descubiertos muy cuantosos".