Así lo reflejan los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los 266 millones en positivo, equivalentes al 0,02% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos ingresos o derechos reconocidos por operaciones no financieras de 165.522 millones de euros, que muestran un incremento del 11,2%, y unos gastos u obligaciones reconocidas de 165.256 millones, que crecen en un 10,2% interanual.

Por su parte, los datos hasta el mes de septiembre (último dato disponible) arrojan un saldo de 1.272 millones de euros, equivalentes al 0,1% del PIB, para los fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema, los datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del Servicio Público de Empleo Español (SEPE).

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 163.913 millones, con un incremento del 11,2% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentaron un aumento del 9,9%, hasta alcanzar los 164.740 millones.

En cuanto a los ingresos, las cotizaciones sociales ascendieron a 127.772 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2022 (11.586 millones). Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 10,4%. Las cotizaciones de desempleados se cifraron en 7.114 millones, lo que representa un aumento del 2,9%.

Por su parte, las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 35.386 millones, con un aumento interanual del 12,2%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y organismos autónomos, que sumaron un total de 31.594 millones (un 14,7% más), en particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (3.075 millones de euros más).

En cuanto a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 154.066 millones, un 9,5% más que en el mismo periodo de 2022. Esta cifra representa un 93,2% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 141.729 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 9,6%.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementó un 10,7%, hasta los 126.325 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,3%), a la elevación de la pensión media (9,5%), así como a la revalorización general del 8,5% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2023.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumentó un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 11.410 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor ascendieron a 3.349 millones (un 5,9% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 12.337 millones de euros, un 9,2% más.