Este logro es atribuible a la incorporación durante el pasado año de 762.032 nuevos trabajadores cotizantes, lo que supone un crecimiento del 5,52% en el número de afiliados en comparación con los que había a finales de 1998.

En cuanto al año 2000, la Seguridad Socia logró el pasado mes de marzo un nuevo récord de cotizantes, al alcanzar las 14.800.363 personas, con lo que se acerca al objetivo del Gobierno de lograr los 15 millones de afiliados en los próximos meses, si se mantiene el actual ritmo de más de 2.400 afiliaciones diarias.

Además, los datos del registro de afiliados ocupados indican que la incorporación de mujeres al mercado laboral mantiene un ritmo de crecimiento mayor que el de los varones. Así, en los últimos cuatro años, las mujeres afiliadas ha incrementado su número en un 27,79%, mientras que los hombres han crecido a un ritmo del 16,87%.

FONDO Y COTIZACIONES

El superavit de la Seguridad Social supone un buen punto de partida para la renovación del Pacto de Toledo, que se prevé iniciar en el Parlamento en los próximos días y también para el diálogo social, que también se abordará en breve.

Desde el Gobierno, la primera pretensión es finalizar con la separación de fuentes de la Seguridad Social y clarificar definitivamente si los comlementos a mínimos (unos 615.000 millones de pesetas anuales) siguen con cargo a las cotizaciones o pasan a enmarcarse en los gastos directamente abonados por los Presupuestos Generales del Estado.

A partir de ahí, las intenciones del Ejecutivo van en dos direcciones básicas: seguir dotando el fondo de reserva para las pensiones, que actualmente cuenta con 100.000 millones, y rebajar las cotizaciones, como ya insinuó el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps.

Además, si la onanza económica es capaz de seguir creando empleo y, por lo tanto, más afiliación a la Seguridad Social, el Gobierno podrá abordar con mayor prontitud las medidas que se recogen en su programa electoral, empezando por un nuevo incremento de las pensiones más bajas.

Finalmente, el Ejecutivo se plantea tomar medidas para que, de forma voluntaria, se pueda prolongar la edad de jubilación más allá de los 65 años. Para ello, quienes hagan efectiva su decisión de continuar en activo, no seguirán pagando coizaciones sociales, que sus empresarios también se ahorrarían.