Esta norma implantó la garantía de que los pensionistas mantendrían el poder adquisitivo, de forma que si los precios subían más que el alza aplicada a la prestación, serían compensados por la diferencia.

En los últimos ocho años, el Ejecutivo ha incrementado un 2% anual las pensiones en línea con la previsión del crecimiento de los precios, aunque, salvo en 1997 y 1998, el incremento real siempre superó las expectativas.

La ley prevé la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC entre los meses de noviembre, con el fin de que dé tiempo a incorporar el coste a los Presupuestos, y obliga al Gobierno a pagar a los beneficiarios antes del siguiente mes de abril.

En total, desde 1997 la subida inicial aplicada a los pensionistas ha sido inferior a la inflación de final de año en 8,5 puntos porcentuales, incluyendo 1998, cuando el incremento final fue sólo del 1,4%, y 1997, en el que fue del 2%, como lo previsto.

En 1999, el crecimiento de los precios fue, en noviembre, del 2,7%, lo que supuso un coste para el Gobierno de 699 millones de euros para compensar a los pensionistas.

Este gasto se divide en partes casi iguales entre la paga de compensación que tiene que realizar el Ejecutivo antes de abril del año siguiente y la consolidación del incremento.

En el año 2000, el crecimiento del IPC acumulado era del 4,1%, lo que supuso 2.133 millones de euros. En el ejercicio siguiente, la tasa de inflación fue del 2,7% y el coste de 691 millones de euros.

En 2002 el crecimiento alcanzó el 3,9%, lo que supuso una paga de compensación y una repercusión de 2.071 millones de euros. En 2003 se produjo un incremento del IPC del 2,8%, con un impacto en las cuentas públicas de 943 millones de euros.

En noviembre de 2004 la tasa de inflación interanual se situó en el 3,5%, lo que ocasionó un gasto de 1.872 millones de euros.

Según datos publicados el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a noviembre de este año el crecimiento de los precios respecto al año anterior fue del 3,4%, lo que supondrá un gasto de 1.792 millones de euros.

De este modo, desde la entrada en vigor de la citada norma, el coste para las arcas públicas de la desviación de la inflación ha sido de 10.201 millones de euros.