Según explicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el presupuesto de 1992 fue inferior al de 1991 en 9.630 millones, como consecuencia de un previsible traspaso de beneficiarios de estas pensiones a las no contributivas.

La Seguridad Social consideró que los minusválidos optarían por una pensión no contributiva, que alcanza las 30.000 pesetas al mes, en lugar del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos que recoge la Ley de Integración Social de los Minusválids (LISMI), y que supone unos ingresos de 24.935 pesetas mensuales.

La ley que regula las pensiones no contributivas establecía una cuantía anual de 540.000 pesetas para minusválidos muy afectados, que necesitan la ayuda de una tercera persona.

El acceso a estas pensiones está condicionado a los ingresos de la unidad familiar del minusválido o de las personas que vivieran en su mismo lugar de residencia, lo que provocó la protesta de las asociaciones de este colectivo.

Los representantes de ls personas afectadas por minusvalía consideraban que la nueva ley restaba independencia a los individuos que la solicitaban.