Además, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno, en la actualidad el importe pendiente de reintegro a la Seguridad Social por el cobro indebido de prestaciones asciende a cerca de 48.039 millones de pesetas.

Según el Gobierno, en los últimos tres años (desde enero de 1998 hasta octubre de 2000) la Seguridad Social ha iniciado de oficio 239.099 exedientes de devolución por prestaciones indebidamente percibidas, que han afectado a un total de 390.085 personas y han supuesto unos ingresos para el INSS de casi 46.858 millones de pesetas.

En la respuesta del Gobierno se detallan por separado los datos de los años 1998 y 1999, y los diez primeros meses de 2000. En concreto, en 1998 y 1999 la Seguridad Social inició 197.428 expedientes de devolución por prestaciones indebidamente cobradas, con una cuantía reclamada de 39.955 millones de pesetas. Ente enero y octubre de 2000, los expedientes iniciados fueron 41.675 y la cantidad reclamada se situó en 8.528 millones de pesetas.

De los 39.955 millones devueltos a la Seguridad Social en 1998 y 1999, la mayor parte, 20.815 millones, correspondieron a prestaciones por jubilación indebidamente cobradas (103.532 expedientes), junto con prestaciones de viudedad (9.957 millones y 35.770 expedientes), incapacidad temporal (2.576 millones y 11.138 expedientes), incapacidad permanente (2.470 millones y 9.835expedientes) y asignaciones por hijo a cargo (2.430 millones y 31.740 expedientes).

En el período enero-octubre de 2000, la mayoría de los 8.528 millones ingresados por el INSS por este concepto procedieron también de prestaciones de jubilación que no deberían haberse cobrado, un total de 4.024 millones y 19.470 expedientes, junto con las de incapacidad permanente (1.180 millones de 3.717 expedientes) y viudedad (1.049 millones y 4.803 expedientes).

En cuanto a lo que tiene previsto ingresar el ISS por prestaciones indebidamente percibidas en los próximos cuatro años, el Gobierno contestó que no es posible facilitar este dato, ya que a las cifras correspondientes a los procedimientos de reintegro de las deudas que actualmente están en vigor, habría que añadir los que se iniciarán en los próximos cuatro años.