Este caso ha ido localizado a través del cruce de datos del INSS con los de Hacienda en 1994, dentro de la campaña de lucha contra el fraude del ministerio. Este primer cruce de datos ha permitido detectar a 129.000 perceptores de mínimos que habían aportado unos datos al INSS que no coincidían con los de su declaración de la renta, y que presumiblemente superaban las rentas para percibir esta prestación.

La Seguridad Social ha pedido a estas personas que aclaren su situación, advirtiéndoles que, de no ser así, su prestaciones serán suspendidas y se les reclamarán las devoluciones. Juan Carlos Aparicio, secretario de Estado de la Seguridad Social, recordó hoy, no obstante, que este cobro irregular apenas afecta a un 5% del total de sus perceptores y aseguró que "quien cumpla la ley, no tiene nada que temer".

El caso "más espectacular", según el INSS, es el del presunto defraudador de Tarragona que poseía en 1994 un patrimonio superior a los 400 millones de pesetas, hecho que fue omitido en la declaración firmaa que presentó ante el INSS en el momento de solicitar su prestación.

A juicio del INSS, se trata de un claro ejemplo de "ingeniería social", de manera que, pese a su abultado patrimonio, el afectado calculó cuidadosamente su pensión para, cotizando el mínimo y durante el período mínimo exigible, obtener el reconocimiento de la prestación. Desde 1993, esta persona cobra una pensión que en 1994 ascendió a 55.000 pesetas al mes, incluyendo un complemento de mínimos de unas 20.000 pesetas.

El ministrio señala en un comunicado que, aunque éste es el "más espectacular" de los detectados, "no se trata de un caso aislado", ya que también han descubierto a pensionistas que accedieron en su día a la prestación, bien declarando unos ingresos mínimos o bien omitiendo sus ingresos, que, sin embargo, poseen patrimonios que oscilan entre los 200 y los 26 millones.