Según informó entonces el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en estas provincias, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) son los únicos competentes para, una vez transcurrido el primer año de baja, "reconocer la prórroga de dicha situación por un plazo máximo de seis meses, iniciar un expediente de incapacidad permanente o emitir el alta médica".

Esta iniciativa pretende mejorar el control en la ampliación de las bajas y evitar fraudes como el detectado el pasado fin de semana, cuando fueron detenidas 9 personas en Cádiz relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad temporal falsas.

La intención de Trabajo es que esta iniciativa, desarrollada en seis provincias, sirva como proyecto piloto que luego se pueda ampliar a otras regiones.