Así consta en el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, que unifica la normativa de la Seguridad Social sobre persecución de deudas con la de otras instituciones del Estado, como Hacienda.

Esta medida supone la equiparación con el plazo de prescripción del delito fiscal, que también fue rebajado de cinco a cuatro años.