La Fiscalía General del Estado informó esta tarde de que el apoyo a esta medida tuvo lugar dentro del análisis que los fiscales hicieron del anteproyecto del Ejecutivo que modifica el Código Penal para mejorar el cumplimiento de las penas.

Estos cambios fueron respaldados por la mayoría de los 12 fiscales que se reunieron con el fiscal general, Jesús Cardenal, para tratar este asunto, de manera que sólo 4 e ellos mostraron su rechazo a la reforma.

En concreto, el grupo mayoritario argumentó, respecto a que la pena máxima se sitúe en 40 años de prisión, que la Constitución, junto al derecho a la reinserción, contempla la función ejemplarizante y punitiva de las condenas.

Por el contrario, los 4 fiscales discrepantes sostuvieron que esta reforma se hace para combatir casos concretos, al tiempo que indicaron que 40 años es una pena de cárcel excesiva y añadieron que el actual marco normativo es suficente.

REINSERCION

Asimismo, el grupo de fiscales mayoritarios también argumentó que el anteproyecto del Gobierno contempla el principio de reinserción, pero que en adelante ésta sólo podrá lograrse si el condenado ha mostrado arrepentimiento.

Además, uno de los fiscales tomó la palabra para decir que no corresponde a la Junta de Fiscales opinar sobre las líneas generales de la política criminal, puesto que ésta es competencia del Gobierno.

Los fiscales propusieron que el Ejecutivo introduza una serie de cambios en el anteproyecto, como una mayor concreción del término organización criminal, y que el texto legal especifique que el límite máximo para contabilizar los años a efectos de aplicar los beneficios penitenciarios debe ser los cuarenta años y no la pena total impuesta.

Además, la Junta de Fiscales considera, respecto a que los condenados deban pagar la indemnización a sus víctimas para disfrutar de beneficios penitenciarios, que debería distinguirse entre los que son insolventeslos que tienen ocultos sus bienes.

Por último, la Fiscalía General informó de que los fiscales analizarán mañana otra de las reformas emprendidas por el Gobierno en los últimos meses, en concreto la referida en el aumento de los supuestos para decretar la prisión preventiva.