En declaraciones realizadas en rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal, Yanes calificó el secuestro de "brutal violación de los derechos más sagrados del ser humano" y añadió que no admite "la más leve justificación moral ni política".

Yanes difundió un comunicado, en nobre de la Conferencia Episcopal, en el que expresa la solidaridad de la Iglesia católica con la familia, amigos y paisanos de Miguel Angel Blanco y hace un llamamiento a ETA para que lo libere.

"Pedimos a Dios", dice el comunicado, "que ilumine las mentes y mueva los corazones de los autores e instigadores de esta grave violación de los derechos humanos, para que devuelvan inmediatamente y sin condiciones a D. Miguel Angel a su familia y su pueblo, y desistan de este tipo de acciones que ofenden a Dio ya las personas, y que causan tanto dolor, angustia e inseguridad".

Yanes amplió posteriormente estas consideraciones y, a preguntas de los informadores, equiparó a los votantes de Herri Batasuna con los etarras, al señalar que es "igualmente condenable" dar apoyo electoral a quienes defienden a la banda terrorista.

En cuanto a la posibilidad de una mediación de la Iglesia católica para poner fin a la violencia etarra, el presidente de la Conferencia Episcopal respondió que "las mediaciones son osibles cuando los que han de dialogar aceptan la mediación, y por parte de los obispos y de la Iglesia siempre hemos estado dispuestos a aceptarlo si se nos pide".

Añadió que "hace falta, para que una mediación pueda ser aceptada, que haya unas mínimas garantías de que pueda tener éxito, de que pueda llegar a un resultado positivo. De lo contrario, fácilmente se convierte en un acto que sirve para instrumentarlo políticamente o propagandísticamente".

En su opinión, en estos momentos no sería bueo hablar de mediaciones, porque es prioritario dejar clara la condena al secuestro de Miguel Angel Blanco, que tildó de "ofensa gravísima contra Dios y contra todo lo que representa la fe cristiana".

Consideró especialmente grave que ETA haya puesto "precio" a la vida humana de una persona y que pretenda chantajear a la autoridad legítimamente constituida.