Las fuentes consultadas por Servimedia coincidieron en considerar este secuestro como una acto político sin fines económicos a diferencia del que la banda mantiene desde hace cerca de nueve meses con el empresario José Maía Aldaya.

"Este secuestro es un pulso al Estado de Derecho ante el que no podemos ceder porque eso supondría estar irremisiblemente en manos de los violentos", aseguró un interlocutor del Partido Popular.

Responsables del Ministerio de Justicia e Interior reconocen también que la situación es delicada y que la vida del funcionario puede correr peligro pero insisten en su mensaje de firmeza y unidad frente al chantaje de los terroristas.

"Lo que nos da miedo", aseguró un portavoz de uno de ls sindicatos de prisiones, "es que ETA sabe que no va a conseguir nada con este secuestro, por lo que tememos que puedan darle un fin trágico".

Por el momento, no existe el riesgo de que los sindicatos de prisiones rompan el consenso en apoyo de la posición firme del Ejecutivo porque todos ellos comprenden que una cesión ante ETA abriría la posibilidad de que la banda consiguiera fines políticos mediante la realización de acciones violentas.

En este sentido, las centrales sindicales, que se concetraron silenciosamente ante el Ministerio de Justicia e Interior en protesta por el secuestro, están estudiando el inicio de movilizaciones periódicas mientras se mantenga el secuestro.

El debate dentro de los sindicatos se centra en la conveniencia de institucionalizar su protesta puesto que temen que se convierta en una plataforma publicitaria para los etarras como ha ocurrido con las manifestaciones de apoyo a Aldaya en el País Vasco.

"No queremos darles publicidad, pero tampoco que el secuesto caiga en el olvido", indicaron las fuentes consultadas a esta agencia.

Hoy mismo varios sindicatos han expresado a través de notas de prensa su solidarida y apoyo al funcionario secuestrado y a su familia a la que comunican su "disponibilidad en todo aquello que necesiten".

Asimismo condenan enérgicamente la acción de ETA y reiteran su firme convicción sobre la necesidad del mantenimiento del orden jurídico y del cumplimiento de sus deberes profesionales.

En este sentido hacen un llamamieno a la serenidad de los trabajadores de prisiones, quienes consideran que sus demandas a la Administración en materia de seguridad personal y salarial no han sido atendidas.