Europeche señala en un comunicado que "la norma es irreal, no especifica ni concreta los beneficios que va a aportar y pone en peligro la soberanía alimentaria europea, al debilitar la capacidad productiva y competitiva de su flota, más aún en el actual escenario geopolítico internacional".

El sector pesquero conviene en la importancia de proteger y restaurar la naturaleza, pero cree "preocupante" que "este tipo de políticas se aborden sin rigor y que los responsables políticos de la UE ignoren aspectos fundamentales no especificados en el reglamento".

Europeche se queja de la ausencia de una evaluación de impacto socioeconómico, ya que la Comisión “no ha proporcionado ningún dato concreto sobre los costes y beneficios esperados ni para los Estados miembros, ni para los propios ecosistemas marinos, ni, por supuesto, para el sector pesquero”.

Por el contrario, apunta el sector, la legislación se basa en “supuestos” beneficios teóricos sobre los que es imposible construir una plataforma sólida para una formulación política de esta índole y sobre los que la Comisión apunta hacia una ampliación “artificial” del ámbito de aplicación que, a juicio del sector, se traducirá en más cierres de zonas de pesca sin justificación científica.

Europêche también llama la atención sobre "contradicciones" de la Comisión, que reconoce que, según la Directiva sobre hábitats de la UE, menos del 2% de las zonas marinas europeas necesitan restauración, "para proponer después, sin ninguna justificación científica, multiplicar por 10 las zonas que necesitan restauración (20% de los mares)".

Para la asociación de pescadores, este umbral va más allá del objetivo internacional acordado en Kunming-Montreal (COP15–CBD), poniendo una vez más a la flota pesquera en desventaja competitiva. Según Europêche, con este enfoque, los Estados miembros “gastarán tiempo y millones de euros en identificar y restaurar artificialmente zonas que no necesitan restauración”.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, “el sector defiende y trabaja por la protección de los recursos día a día y este enfoque simplista y buenista no va a beneficiar a nadie, ni a los profesionales de la pesca, ni a los Estados miembros, ni a los ciudadanos. Sólo va a servir para engordar la abrumadora burocracia europea y a los intereses que respaldan a los lobbies de las ONG ambientalistas de despacho”.