Vivienda
El sector inmobiliario pide vivienda pública y luchar contra la okupación frente "al intervencionismo de la Ley por el Derecho a la Vivienda"
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El impulso a la vivienda pública por parte de las comunidades autónomas y las medidas contra la ocupación ilegal son los retos más relevantes para el sector inmobiliario "ante el intervencionismo introducido por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda que está provocando el freno a la inversión y lastrando el mercado del alquiler", según las conclusiones del I Congreso de Derecho Inmobiliario Madrid 2024.
El congreso lo organizó el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (Coapimadrid–AIM) en colaboración con la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) a través de la Federación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria (FEIN) y con Banco Sabadell, que ha reunido a expertos destacados del sector inmobiliario en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
Según los datos expuestos en el congreso, la Comunidad de Madrid finalizará 2024 con 4.000 viviendas públicas para alquiler asequible a través del Plan Vive, que impulsa en los municipios de la región viviendas con eficiencia energética y precios asequibles inferiores a los de mercado a través de la colaboración público–privada. "Uno de los efectos más directos de este plan es que permite descargar la presión de la demanda de alquiler en el mercado. Esta cifra destaca frente a las 10.000 viviendas públicas movilizadas en toda España", añade Coapimadrid-AIM.
La entidad indica que esta estrategia de impulsar la vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid contrasta "con las políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda, que han tenido su culminación con la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, protagonizadas por el Gobierno central".
“No se puede intervenir el mercado, hay que dar estabilidad seguridad jurídica, porque lo que se consigue es que las viviendas salgan del mercado del alquiler, reduciendo la oferta”, manifestó José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que advirtió del temor de los inversores, producido también por “los sucesivos reales decretos aprobados tras la pandemia, que han extendido la vulnerabilidad del propietario privado, con más cargas”.
(SERVIMEDIA)
03 Dic 2024
s/gja