Los participantes en el encuentro opinan que esta regulación es necesaria porque el agua "es un bien público que afecta al conjunto de la sociedad y respecto al que nadie puede eludir las responsabilidades económicas y financieras de su uso".

Por ello, quieren unificar criterios y esfuerzosentre las provincias y municipios afectados, para definir un tratamiento uniforme en la totalidad de los temas referentes al uso del agua, en sus vertientes fiscal, urbanística, social o medioambiental.

A la reunión también asistieron representantes de la asociación de municipios afectados por las centrales de producción hidroeléctrica de la provincia de Lérida, y una de las principales propuestas surgidas fue la de impulsar la creación de este tipo de asociaciones en otras provincias.

En la reunón de esta mañana, además de intercambiar información sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el de Bienes Inmuebles (IBI) referidos al sector hidráulico, decidieron convocar una reunión de las 10 ó 12 diputaciones de las provincias de mayor capacidad de producción hidroeléctrica para preparar propuestas concretas que presentarían, en una reunión posterior, al resto de diputaciones afectadas.

Tras esa última reunión, las diputaciones harían propuestas concretas de modificación de la normatva fiscal actual, primero a la FEMP y luego al Ministerio de Economía y Hacienda.