El comunicado, firmado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables), asegura que en el borrador del decreto ley se prevé el cierre de los parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida.

Esto, para los firmantes, es un error, ya que afirmaron que los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años "funcionan con absolutas garantías". "De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años.", asegura el comunicaido.

Para los firmantes, los operadores de los parques deben tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación y el cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es "antieconómico" y "supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada".

En segundo lugar, el anteproyecto propone obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes gallegos. Esta normativa, asegura el comunicado, es contraria a Derecho ya que las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. "Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo", señala el comunicado.

Asimismo, el comunicado denuncia que el sector eólico en Galicia "lleva años sujeto a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones", lo que, en la práctica, ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos. "Estas medidas suponen un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región", señala el comunicado.

Por último, las asociaciones señalaron la importancia de mantener un mercado español "dinámico y sin barreras internas" para todas las empresas del país. "Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios", sentencia el comunicado.