Según el sector crítico de Comisiones, el nuevo estatuto desregula notablemente las relaciones laborales porque incrementa las posibilidades de movilidad funcional y geográfica impuesta unilateralmente por la Administración, e introduce la evaluación del desempeño del puesto de trabajo sin garantizar la objetividad del método.

Este sector de Comisiones estima que "esta flexibilización de las condiciones de trabajogenerará indefensión en los empleados públicos, facilitando una mayor politización de la Administración".