SECRETOS. EL PLENO DEL PODER JUDICIAL ESTUDIARA MAÑANA EL INFORME DE LA COMISION DE ESTUDIOS SOBRE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios de dicho organismo sobre el anteproyecto de Ley de Secrtos Oficiales elaborado por el Gobierno, según informaron hoy fuentes del máximo órgano de Gobierno de los jueces.
Los seis vocales que integran dicha comisión, presididos por Enrique Arnaldo, concluyeron hoy mismo el borrador de dicho informe, que será crítico con el anteproyecto de ley, en la última de las reuniones que han venido manteniendo para dictaminar sobre el mismo.
El estudio del informe se producirá después de que el pleno del CGPJ del pasado 23 de octubre decidiese rechazar la propueta que le formuló la Comisión de Estudios de posponer el debate sobre el dictamen de la Ley de Secretos Oficiales hasta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolviese los recursos interpuestos contra la negativa del Gobierno a desclasificar determinados documentos del CESID.
La comisión solicitó dicho aplazamiento al considerar conveniente que el dictamen del CGPJ se desvinculase de dicha resolución del Alto Tribunal, con el fin de que el informe no pudiera ser interpretado como una "interferenci" del máximo órgano de Gobierno de los jueces en la decisión de la Sala Tercera.
Sin embargo, el pleno estimó que ello no es así dado que el CGPJ debe pronunciarse sobre una futura ley de secretos oficiales y no a la vigente.
Aunque habitualmente el CGPJ dispone de un mes para elaborar sus informes sobre los anteproyectos del Ejecutivo, que no son vinculantes, en esta ocasión el máximo órgano de Gobierno de los jueces decidió solicitar al Gobierno, a instancias de la Comisión de Estudios, un mes ás de plazo ante la trascendencia y complejidad del texto, el cual expira la próxima semana.
El anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, que ha levantado airadas críticas por considerar que se trata de una "ley mordaza" para los medios de comunicación, establece sanciones para los funcionarios y particulares que revelen documentos secretos, en el último caso con multas que llegan hasta los 100 millones de pesetas.
Además, entre otras cuestiones, señala que la información clasificada sólo puede er conocida por el Congreso y el Senado en sesión secreta, el Defensor del Pueblo, los miembros del Gobierno, agentes de las fuerzas de seguridad o armadas y los jueces, siempre que el secreto sea previamente desclasificado.
(SERVIMEDIA)
05 Nov 1996
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