En su comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual aprobado por su oficina, Alvarez de Miranda afirmó que los secretos oficiales deben star sometidos a control parlamentario, judicial o a una comisión específica "ad hoc".

"Es necesario evitar, como ha establecido el Tribunal Constitucional, que derechos fundamentales reconocidos en la Constitución puedan verse afectados o incluso vulnerados por la existencia de ciertos ámbitos de secreto y reserva", afirmó el Defensor.

A su juicio, cualquiera que sea el modelo de la nueva ley de Secretos "deberá tener como última referencia las garantías que exige todo Estado de Derecho, sin quepuedan existir zonas de impunidad en ningún caso".

Alvarez de Miranda recordó que el pasado mes de enero envió un escrito al Congreso en el que expresó la "grave preocupación" de su institución por la vigente Ley de Secretos, a la que considera que "no responde ni se adapta" a la Constitución.

ESCUCHAS TELEFONICAS

En declaraciones previas en los pasillos del Congreso, Alvarez de Miranda también mostró su apoyo a la posición de la fiscalía favorable a que el Ejecutivo desclasifique los "papeles el CESID" sobre la trama GAL.

Recordó que cuando se planteó este problema el pasado 2 de agosto, se dirigió al fiscal general para proponerle el inicio de diligencias por si existiera algún indicio delicitivo, y también se puso en contacto con el presidente del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, para conocer el tipo de clasificación que hay sobre esos documentos.

Alvarez de Miranda dijo que, de momento, no tomará ninguna nueva iniciativa mientras el fiscal general del Estado no oncluya su actuación y el tema esté "sub iudice".

En su comparecencia, enumeró algunas de las quejas de oficio que presentó el Defensor del Pueblo en 1995 a la Administración, entre las que destacó una referida a las escuchas telefónicas del CESID.

Alvarez de Miranda pidió a la Comisión Mixta Congreso-Senado más medios materiales y humanos para su oficina en su función de control de las Administraciones Públicas.

Además, reclamó al Gobierno que cumpla la moción aprobada por unanimidad por elpleno del Congreso en la anterior legislatura, en la que los grupos instaron al Gobierno a que una vez celebrado el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo, el Ejecutivo responda al mismo en un plazo máximo de tres meses.