"Aquí no hay ningún atisbo de ley que vulnere el ordenamiento jurídico o que no sea respetuosa con el sistema de libertades. Hay sanciones administrativas y sanciones penales.Cuando hay sanción penal quedan absorbidas las (responsabilidades) administrativas. Pero puede no existir responsabilidad penal y, sin embargo, existir responsabilidad administrativa, que es la que regula este ley", declaró Cascos a la Cadena COPE.

El vicepresidente del Gobierno explicó que el proyecto de ley clasifica los secretos oficiales en tres categorias: alto secreto del Estado, secretos genéricos y confidenciales.

Según Cascos, existen tres tipos de responsabilidades susceptibles de ser sncionadas: la divulgación de los secretos, su propagación y la publicación de materias clasificadas como secretos. "En función de la categoría (de los secretos), de la gravedad y de la reincidencia se establecen una serie sanciones administrativas, que son normales", dijo.

El vicepresidente del Gobierno subrayó que la sanciones administrativas que contempla el proyecto de ley, que en el caso más grave pueden llegar a los 100 millones de pesetas, son recurribles ante la jurisdicción contecioso-administativa.