La denuncia, presentada por el secretario general de ASAGA-Cádiz, Cristóbal Cantos, exigía en nombre del comité directivo, el restablecimiento del honor de la asociación, "que ha sido conculcado por las declaraciones públicas que reiteradamente han venido siendo vertidas en los últimos tiempos por Francisco Arias".

La decisión de interponer la querella fue tomada en una reunión del comité directivo de ASAGA-Cádiz celebrada el 3 de abril de 1989.

En opinió del sindicato socialista, esta fecha "no es por casualidad, ya que el 31 de marzo de ese mismo año, UGT puso en marcha la campaña 'Expropiar a los expropiadores', con la finalidad de restituir el carácter público de las vías pecuarias que se encuentran en su mayor parte usurpadas".

Los responsables de UGT consideran que la actuación de ASAGA-Cádiz es reprobable. A su juicio, la judicialización de los conflictos entre organizaciones representativas de empresarios y trabajadores es impropia de una demoracia participativa.

Según la central socialista, los conflictos deben solucionarse por la vía de la negociación y del diálogo, para no socavar la credibilidad de los interlocutores sociales.