Benjumea señaló que el bonus de Amusátegui estaba entre los muchos puntos del día de aquel Consejo de Administración del SCH, el primero que celebraba la entidad fusionada.

Asimismo, añadió que, antes de su votación, todoslos consejeros tuvieron información y "disponibilidad física" del contrato que recogía el pago a Amusátegui.

Preguntado por qué no se leyó en voz alta el contrato ante el Consejo de Administración, Benjumea explicó que "lo habitual" es leer el acuerdo por el que se aprueba el mismo, puesto que los directivos habían tenido acceso al texto previamente.

En cuanto a por qué no se haya anexado "físicamente" el contrato de Amusátegui al acta, Benjumea señaló que, para salvaguardar la confidencialidad, e encuentra depositado en la secretaría general del SCH.

Benjumea no sólo ratificó las actas de la reunión del Consejo de Administración del SCH de 17 de abril de 1999, sino que ha corroborado, como dijo ayer ante la juez Palacios el presidente del banco, Emilio Botín, que el contrato de Amusátegui fue examinado en cuatro ocasiones por el mencionado órgano directivo.

El secretario del Consejo de Administración del SCH señaló también que no remitió copia del contrato al Banco de España, pues no haía obligación, si bien añadió que la mencionada entidad estaba al tanto del mismo por su capacidad de supervisión.

Benjuema declaró como testigo ante la juez Palacios en relación con la última querella interpuesta contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y el ex co-presidente de la entidad, José María Amusátegui, por pactar presuntamente entre ambos, en agosto de 2001, una elevada gratificación, con el fin de compensar a Amusátegui por su salida de la dirección del banco.

La declaración de Benumea ha producido un día después de que comparecieran ante la juez Palacios Botín y Amusátegui, y el mismo día en que el SCH ha ha hecho públicos sus resultados durante el año 2002.

La querella contra Botín y Amusátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atenaría contra los intereses de los accionistas.

La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".