Durante su recorrido por la sede de la Confederación estuvieron acompañados por Lourdes Gil, coordinadora del área de Tratamiento y Gestión de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social; Guadalupe Rivera, subdirectora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas; Florencia Pozuelo, jefa de Área de Diseño, Evaluación y Seguimiento de Programas Específicos de Tratamiento; Marta Muñoz, consejera de la CNSE; Mª Sol González, directora gerente de la CNSE, y Tiziri de Valcárcel, coordinadora del servicio de atención a la población sorda reclusa que desarrolla la entidad.

Como parte del recorrido, visitaron las instalaciones de SVIsual, una plataforma de videointerpretación implantada en centros penitenciarios y centros de inserción social (CIS), que se presta tanto en lengua de signos como en la modalidad comunicativa que requieran los usuarios sordos.

Esta iniciativa, que facilita el contacto telefónico sin barreras de estos internos con el exterior, tal y como se contempla en el artículo 41 del Reglamento Penitenciario, forma parte del programa 'Personas sordas reclusas en igualdad de derechos' puesto en marcha gracias a la colaboración entre la CNSE y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el objetivo de dar cobertura a sus necesidades comunicativas y de acceso a la información.

En este sentido, también se contempló la traducción a la lengua de signos del manual 'Paso a paso en la prisión', para que las personas sordas que vayan a ingresar en un centro penitenciario puedan conocer su funcionamiento y las normas básicas de convivencia, así como la prestación de servicios de interpretación y de mediación comunicativa en los propios centros, una labor que llevan a cabo las federaciones autonómicas que conforman la red asociativa CNSE.

Como novedad, se incorporaron a este itinerario profesionales conocedores de la lengua de signos y de la comunidad sorda que facilitarán la interlocución directa con este colectivo. En concreto, una trabajadora social en los centros penitenciarios y una psicóloga en medidas alternativas para la impartición de los programas.

Otra de las acciones previstas en este programa financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, y reconocido en 2020 con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario que concede el Ministerio del Interior, fue la elaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la CNSE de un protocolo de actuación coordinado para la atención a los internos sordos.

A ello cabe sumar la distribución de folletos y carteles informativos sobre cómo comunicarse con las personas sordas y el despliegue de acciones de formación básica en lengua de signos y sensibilización acerca de la realidad de la población sorda entre los profesionales que trabajan en estos centros.