El comunicado destaca que el Estado de derecho requiere de ese absoluto respeto a la división de poderes y por lo tanto a la independencia judicial, como garantía de los ciudadanos, en la medida que permite "que sus controversias y conflictos sean resueltos con arreglo a la ley, por personas imparciales e independientes de cualquier presión o injerencia externa”.

Añade que el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce el derecho de todas las personas a “ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.

A su juicio, este derecho esencial es “incompatible con la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”. Y concluye que estas secciones darán su apoyo a todos los órganos del Poder Judicial en defensa de la legalidad vigente “en cada momento” como “garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”.