En un comunicado, la entidad financiera criticó la actuación de la magistrada al considerar que "tras la múltiples diligencias practicadas ha quedado acreditado que los hechos investigados fueron actuaciones totalmente legales, transparentes, desarrolladas conforme a los sos y modos mercantiles, verificados por los auditores y registrados y detallados en las cuentas anuales, que fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas".

Asimismo, el SCH aseguró que las retribuciones objeto de las diligencias se ajustan, en cuanto a su concepto y órgano que las aprobó y fijó, a los Estatutos de la entidad, así como a las leyes mercantiles, "siguiendo la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españolas".

Finalmente, justificó el argumento en la coincidenci con la tesis del Ministerio Fiscal, que recientemente solicitó el sobreseimiento libre y archivo de esta causa, por entender que los pagos no constituyeron delito de estafa o apropiación indebida, delitos de los que se acusa en la querella.

Amusátegui cobró 43,75 millones de euros como "bono de jubilación" al dejar la presidencia del banco, en tanto que Corcóstegui percibió 108 millones de euros correspondientes a los derechos acumulados para su jubilación, al abandonar su cargo de consejero delegado