En una nota de prensa, esta organización expresa su preocupación por esta directiva y considera que el Estado español debe garantizar que los derechos de los menores extranjeros no acompañados no se vean a reducidos.

En este sentido, Save the Children pide al Ejecutivo español que respete siempre los derechos que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el sistema español de protección de menores les reconocen.

La ONG critica esta directiva porque antepone la condición de migrante del menor a la de niño, por lo que los Estados relegan a un segundo lugar su obliación de protegerles.

Además el retorno de los menores no acompañados no debe considerarse como un objetivo, sino como una medida que sólo se debe llevar a cabo cuando sea la mejor solución para cada menor. En caso del retorno del menor a su país de origen, Save the Children considera que, como requisito imprescindible, se debe exigir la absoluta seguridad de que la situación en origen es la adecuada para el retorno, ya que estamos ante niños y niñas que pueden sufrir represalias, maltrato, abusos, riesgo de caer en redes de explotación sexual o laboral, etc. Y ello requiere inevitablemente un análisis individual de cada caso.

Finalmente, la ONG lamenta que la citada directiva no contempla asistencia letrada para los menores no acompañados, garantía necesaria que ha sido reconocida en diversas sentencias judiciales de nuestro país y ha sido recomendado por instituciones como el Defensor del Pueblo Español o el Consejo General de la Abogacía Española en los procedimientos de retorno de los menores.