Sanz valoró el asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y, en línea con lo explicado por EMVS esta semana, explicó que el programa en el que estaban esas personas vulnerables "no estaba funcionando, no estaba teniendo el fin para el que fue inicialmente constituido".

El convenio se firmó en el año 2021 entre EMVS Madrid y el Área de Familia y Servicios Sociales, en continuidad con otros firmados en 2017 y 2012, mediante los cuales la empresa municipal cedía viviendas públicas al convenio para desarrollar en ellas una serie de programas sociales a través de entidades que le permitiera “complementar la red de dispositivos municipales de alojamiento temporal y compartido para la intervención social con personas y familias vulnerables”.

El problema, según manifestaron desde EMVS, es que aunque los programas que debían desarrollarse en las viviendas por las entidades eran de alojamiento “temporal y compartido”, se ha "comprobado que, de forma generalizada, ese objetivo no se estaba cumpliendo", sino que servían en la mayoría de las ocasiones para que el usuario del programa social se perpetuara en la vivienda, logrando, en la práctica, una adjudicación de la misma fuera del reglamento de adjudicación de viviendas de EMVS Madrid.

"NINGÚN DESALOJO"

En ese sentido, la vicealcaldesa avanzó que hay que "buscar una solución individualizada" para "cada uno de estos casos", por lo que "ninguna persona que sea vulnerable, va a tener un problema en ese sentido" ni "se va a producir ningún desalojo". También recordó que algunas de las entidades de las que dependían las personas vulnerables como Cruz Roja han abandonado el programa y no se ha producido ningún desalojo desde entonces.

"Vamos a trabajar soluciones individualizadas en el caso de las entidades que han dejado el programa y estamos trabajando con otras entidades para alcanzar, acuerdos de distinto tipo desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para que no se vea afectada ninguna persona que esté en situación de vulnerabilidad", expuso.

Concluyó que se hará "una tramitación individualizada de cada uno de los de los casos para ver cuál es la solución que se le que se le puede dar", y abrió la puerta a "buscar una prórroga algún acuerdo" con las asociaciones con las que sí existe "un convenio vigente".

MÁS MADRID

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se reunió esta mañana con los afectados y defendió que los de EMVS "son recursos temporales" que "tienen el objetivo de que una familia que está en un momento de debilidad, de vulnerabilidad, que tiene dificultades para enfrentarse sola a las dificultades de la vida, pues a través de ese recurso puede estabilizarse y puede encontrar una forma autónoma de vivir".

En contra de la versión del Ayuntamiento, añadió que el recurso "funciona" y que en tiempos de entre 6 meses y un año y medio la familia "puede salir de ese recurso". Además señaló al Ayuntamiento por decidir concluir el convenio "de forma unilateral, sin diálogo, sin empatía y sin ningún tipo de cuidado ni por las personas que viven en esas viviendas ni por las entidades que llevan años trabajando con ellas".

También acusó al Gobierno de "enviar burofax de desahucios" y de "decir explícita e institucionalmente que las personas que viven allí independientemente de la situación en la que están y de la situación de necesidad en la que pueden seguir estando", tienen que "salir de allí". Finalmente pidió "una alternativa a los 260 desahucios" y que el Ayuntamiento "haga, de alguna manera, valer su responsabilidad que no es la dejar a menores o a familias vulnerables en la calle sacándolas de esos lugares, si no contribuir a su inclusión en la sociedad".