Las cesiones de crédito consisten en traspasar un préstamo otorgado a un cliente a una tercera persona, de manera que ésta se lo paga por adelantado al banco y a cambio percibe los intereses.

Según el juez, el Santander no trató las cesiones de crédito como depósitos bancarios sujetos a la retención fiscal de un 25 por ciento que corresponde a los rendimientos del capital. Esos rendimientos ascendieron a 8.000 millones de esetas, por lo que lo defraudado a Hacienda ascendió a unos 2.000 millones.

En el auto dictado por Moreiras, el juez acusa al Santander de enviar a Hacienda nombres falsos de los titulares de las cesiones de crédito, a fin de ocultar la identidad de los verdaderos. Algunos titulares de las cesiones cobraban entre 30.000 y 1,5 millones de pesetas.

El juez considera que, tras las investigaciones realizadas, hay indicios claros de criminalidad contra Emilio Botín, presidente del Santander, al que hadado un plazo de 5 días para hacer efectivos 8.000 millones de pesetas de fianza. En caso contrario, procederá a embargar bienes de la entidad financiera.

RESPUESTA DEL BANCO

Por su parte, el Santander difundió un comunicado de prensa en el que "rechaza categóricamente la calificación jurídica que el juez hace de las cesiones de crédito considerándolos depósitos bancarios sujetos a retención".

El Santander estima que no estaban sujetas a esas retenciones "como lo confirma el hecho de que sus imortes no estaban sujetos al coeficiente de caja, según la normativa del Banco de España, ni sus rendimientos, a retención fiscal".

"Naturalmente", concluye el comunicado, "esta discrepancia técnica será el objeto del recurso que los servicios jurídicos del banco están elaborando".