De esta forma, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado del caso, se adhiere a la petición formlada por el abogado del Estado el pasado mes de julio en el mismo sentido.

En un escrito hecho público hoy y fechado el 8 de septiembre, Fungairiño sostiene que no existen indicios razonables de que se hayan cometido los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude que se investigan en este caso. Además, argumenta que las personas imputadas en este sumario aparecen exentas de responsabilidad criminal.

Por estas razones, Fungairiño solicita el sobreseimiento libre del caso y pide a a juez que se inhiba a favor de los juzgados de instrucción competentes para aquellas partes de la investigación relativas a una "presunta defraudación tributaria".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha decidido adherirse a la petición de sobreseimiento libre del caso, tras la ratificación de los últimos informes periciales. Según Fungairiño, éstos "nos confirma en la necesidad de proceder tal como la Abogacía del Estado ahora pretende".

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios invesiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública cometidos por el Banco de Santander y más de 200 clientes en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal, "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".

La investigación judicial se inició en abril de 1992, a raíz de una enuncia del Ministerio de Economía y Hacienda, que no pudo comprobar la existencia real de cerca de 3.000 titulares de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efectuadas por el Banco Santander en el periodo antes citado. La Administración valoró entonces en 400.000 millones de pesetas el volumen de las operaciones y estimó que al menos el 40 por ciento de ese dinero era "negro".