La Fiscalía Anticorrupción, en el marco del proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, ha pedido seis años de prisión para el presidente del Santander, Emilio Botín, por la comisión de cuatro delitos de apropiación indebida y uno contra la Hacienda Pública.

La acusación se extiende contra el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que autorizó la entrega, al secretario del Consejo de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, y al director de Recursos Humanos, José María Espí, por haber actuado como cooperadores necesarios.

Fuentes del Santander consultadas hoy por Servimedia reiteraron la posición mantenida por el banco en los últimos meses sobre este asunto, desde que el pasado 11 de julio el citado juzgado decidiera la apertura de juicio oral.

El auto del juez estableció que los imputados "omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie con que contribuyeron al plan de incentivos a los directivos del Banco Español de Crédito". El Santander habría defraudado cuotas fiscales de más de 1.287 millones de pesetas en 1994 y más de 350 millones entre 1995 y 1998.

Sin embargo, desde el banco presidido por Emilio Botín inciden en que estos mismos hechos han sido analizados por otros juzgados que han decidido archivar las denuncias impulsadas por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar.

En el Santander destacan que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por el Banco Santander".

El camino seguido por el Santander para el abono de esos tributos, agregan las fuentes consultadas por Servimedia, ha resultado más beneficioso para las arcas de la Hacienda Pública que si se hubiera actuado como mantiene la acusación y la Fiscalía.