“Una situación de las cuentas públicas ya complicada a la vista del déficit estructural de partida del 3,3% del PIB en 2022, que podría llegar al 7% en 2050 según la Airef, si no se aplican medidas correctoras”, advirtió este martes el Instituto Santalucía.

Para tratar esta cuestión, el Instituto Santalucía ha publicado su nuevo informe ‘La Reforma del Sistema Público de Pensiones en 2022 y 2023’, en el que se analizan las últimas reformas de pensiones. Este trabajo ha sido desarrollado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea.

Para el Instituto Santalucía, “las nuevas reformas se apoyan en un fuerte crecimiento del gasto con la obligación de buscar nuevos ingresos, o en su defecto, la emisión de deuda pública”.

El informe indica que la reforma de 2013 contaba con estabilizadores automáticos que permitían configurar un Sistema Público de Pensiones sostenible financieramente mediante una combinación equilibrada de suficiencia de las prestaciones y equidad personal y entre generaciones. “El equilibrio se podía lograr de forma transparente con diferentes combinaciones de medidas de ingresos y de gasto, acomodadas a las preferencias elegidas por la sociedad”, explica.

Sin embargo, alerta de que la derogación de la reforma de 2013 y las medidas adoptadas desde 2019 implican un “cambio drástico” del planteamiento aplicado desde la firma del Pacto de Toledo (1995), asumiendo un “muy importante” aumento del gasto (desde 12,3% del PIB en 2019 a uno en torno al 16,5% del PIB en 2050) para mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada, y garantizar su poder adquisitivo durante la vida del perceptor, buscando para ello los ingresos necesarios para sostenerlo.

“El actual episodio inflacionario está demostrando el fuerte impacto que tiene sobre el gasto presente y futuro (15.000 millones iniciales en 2023 que crecen exponencialmente con el tiempo), además de la injusta distribución de los esfuerzos entre la población al proteger exclusivamente al colectivo de pensionistas de un choque generado desde el exterior y que va a empobrecer al resto de la sociedad”, asevera el Instituto Santalucía.

A su juicio, el Sistema de Pensiones pierde contributividad al incluir cada vez mayores transferencias de la Administración General del Estado sin contar con una mínima metodología que permita objetivar los conceptos a considerar como gastos impropios.

“El sistema, si bien reduce el actual exceso actuarial, pierde en equidad personal con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, al exigir a los trabajadores una mayor aportación para conseguir, en el mejor de los casos, una prestación anual como la actual”, apuntala el Instituto.