En una carta que reproduce el número de octubre de la revista "Otrosí", que edita el Colegio de Abogados de Madrid, Martí Mingarro señala que el colegio ha tomado "una actitud firmísima en el amparo de un compañero que, como tantos otros en tantas otras ocasiones, haejercitado esa defensa, según su leal saber y entender, asumiendo una enorme responsabilidad, alegando cuanto ha entendido pertinente y explorando toda clase de soluciones tomando para ello los contactos, negociaciones y tratos que ha creído necesarios".

Según el decano, la reacción del Colegio de Abogados de Madrid "no podía ser otra que la de esa firmeza" ya que, agrega, "faltaría más que por un juego entrecruzado de opiniones, todas ellas legítimas pero contradictorias, nosotros hubiéramos hecho aprecer a un compañero, cualquiera que sea, como cabeza de turco y responsable ante la opinión pública de un asunto en el que se concentran tantos males y que es por si mismo endiabladamente complicado".

"Nosotros debemos abstraernos de las pasiones de la refriega y cumplir con nuestro deber, otra vez lo digo: defender la defensa", agrega Martí Mingarro.

Insiste en que "las luchas y tensiones entre poderes, instituciones, interesados, banderías y grupos, generan una alta tensión que no debe hacerno perder el norte de lo que es una de nuestras misiones más fundamentales: la de defender el derecho de defensa".

Reconoce, sin embargo, que la actuación de Santaella, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, ha provocado reacciones "de todo orden, e incluso en el propio ámbito colegial algunos otros compañeros y compañeras han discrepado fuerte y públicamente de esa actuación".

En este sentido, recuerda que las denuncias que se produjeron por estos hechos están siendo trmitadas por el Consejo General de la Abogacía, que deberá pronunciarse si Santaella "pudo llegar a sobrepasar algún límite legalmente impuesto al ejercicio de nuestra profesión".

No obstante, concluye diciendo que mientras tanto, el decano del Colegio de Abogados de Madrid y la Junta de Gobierno, "con la serenidad y sosiego que otros no hayan tenido, ha mantenido y mantendrá su firmeza para que nadie ponga a la defensa de nadie más límites que los incuestionables derivados de la ley, que todos los ciuadanos, también los abogados, debemos cumplir".