Así lo han confirmado a Servimedia fuentes directivas de la propia empresa estatal de defensa, cuyos responsables esperan que se logre un acuerdo antes de proceder a medidas más traumáticas.

El motio de este contencioso estriba en la negativa de 189 trabajadores de la fábrica de La Coruña a aceptar su traslado a la nueva sociedad Discos Duros de Ordenadores (DDO) dedicada a la fabricación de este componente para el sector informático, en la que Santa Bárbara partcipa con un 15% del capital y exigirá una inversión de 3.000 millones de pesetas.

La compañía pública justifica esta oferta de trabajo a sus empleados de La Coruña en que la fábrica gallega, dedicada a la elaboración de armamento y fusilría, está originando unas pérdidas anuales de 1.500 millones de pesetas, por la escasa actividad que genera la falta de pedidos.

Asimismo, Santa Bárbara argumenta que los acuerdos del INI-Metal, asumidos tras la disolución del Instituto Nacional de Industria por la AIE, actual accionista de la empresa, permiten la extinción de los contratos si el trabajador renuncia a un puesto de empleo alternativo al inviable que ahora ocupa.