Romay explicó que la norma regulará las condiciones y requisitos que debe reunir el personal y los centros dedicados a actividades de extracció y trasplante de órganos.

El decreto también establecerá nueva reglas para el diagnóstico de la muerte y sobre las medidas informativas que deben desarrollarse como garantía de decisión consciente de estas técnicas por parte de los usuarios.

El ministro dijo que el decreto reforzará la confidencialidad del donante y el receptor y los derechos de los pacientes en cuanto al consentimiento del trasplante.

También incorporará al ordenamiento jurídico español los últimos avances científico-técnics, en línea con las recomendaciones del Acta Uniforme para la Determinación de la Muerte de la President's Commmission de Estados Unidos.

España es el primer país del mundo en cuanto a número de donación de órganos sólidos, situada en 29 por cada millón de habitantes.

En los últimos años, la actividad trasplantadora ha crecido de forma importante. El trasplante de riñón ha aumentado un 25 por ciento, el de hígado un 60 por ciento y el cardiaco un 11 por ciento.

España es el único país que haconseguido reducir la lista de espera para trasplantes de riñón y los tiempos medios para trasplante de hígado son muy inferiores a la media de los países del entorno europeo.