La ley reservaría para la Administración central la legislación básica de coordinación de todo el sistema, las estadísticas sanitarias básicas, el catálogo de prestaciones, la evaluación de las tecnologías sanitarias, los centros de referencia y planes nacionales, y la Alta Inspección.

Rubén Moreno señaló que el texto legal redefniría la labor de la Alta Inspección, que desde ese momento asumiría tareas de vigilancia de los acuerdos y las normativas pactadas entre las distintas administraciones, y de arbitraje en los conflictos que pudieran surgir.

Además, explicó que la ley podría contemplar la creación de un Fondo de Cooperación Sanitaria, para asegurar económicamente objetivos comunes en todo el Estado, y el reforzamiento del Consejo Interterritorial, órgano en el que se escenificaría en la práctica la coordinación del sisema.

El responsable de Sanidad espera que este proyecto pueda contar con el máximo apoyo parlamentario, como sucedió con la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria.